Queríamos recordar en estos días donde hemos vivido las consecuencias de la calima el informe sobre la Calidad del aire en España.

En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace más de una década viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.

Las últimas estimaciones globales de la AEMA y la OMS sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica son muy preocupantes. Elevan en el año 2018 hasta cerca de medio millón las muertes prematuras en los países europeos por la mala calidad del aire, 417.000 por exposición a partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5), 55.000 por exposición a dióxido de nitrógeno (NO2) y 20.600 por exposición a ozono troposférico. En España, las víctimas de la contaminación fueron ese año cerca de 30.000, 23.000 por partículas PM2,5, 6.800 por NO2 y 1.800 por ozono, lo que supone duplicar los 16.000 fallecimientos prematuros anuales que se estimaban hace apenas una década.

El coste económico de la mortalidad prematura y de la pérdida de días de trabajo por la contaminación del aire ambiente y en el interior de las viviendas ha sido cuantificado por el Banco Mundial en 38.000 millones de euros en 2013, equivalentes al 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español en ese año, sin considerar los daños provocados a los cultivos, los ecosistemas naturales u otros bienes de cualquier naturaleza.

En este contexto, la crisis de la COVID-19 que irrumpió hace dos años está ocasionando un cambio de los patrones de movilidad y de relación social, por efecto de las medidas de confinamiento y de restricción de la actividad económica adoptadas por las autoridades para limitar el contagio del virus, especialmente durante los estados de alarma declarados en el año 2020. Medidas que están conllevando una importante reducción de las emisiones de contaminantes al aire en España y a nivel mundial, sin que se pueda pergeñar su carácter estructural o meramente coyuntural.

El presente informe pretende dibujar una imagen amplia y fiel de la situación de la calidad del aire en nuestro país durante el año 2020, en relación a la protección de la salud humana y de la vegetación. La población estudiada es de 47,5 millones de personas, y representa toda la empadronada a 1 de enero de 2020 en el Estado español.

Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de la ciudadanía y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias.

Como está demostrando la dramática pandemia que todavía sufrimos, el origen de este problema en nuestras ciudades se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el tráfico motorizado, a las que se suman en mucha menor proporción las causadas por las calefacciones, así como las ocasionadas por el tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades que disponen de puerto y/o aeropuerto próximos.

En determinadas regiones puede también resultar relevante el problema causado por determinadas industrias, centrales energéticas (térmicas de carbón y de ciclo combinado), refinerías, cementeras e incineradoras de residuos; sin olvidar el aporte causado por algunas fuentes natu- rales de cierta importancia, así como por el transporte marítimo y aéreo internacional, principales fuentes globales de los contaminantes primarios y de los precursores de ozono, frente a las que apenas se está actuando de forma efectiva.

Para la elaboración de este informe se han recopilado los datos oficiales de 798 estaciones de medición repartidas por todo el Estado, titularidad de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de los Ayuntamientos que disponen de red de medición propia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), de algunas autoridades portuarias del Estado y de los principales aeropuertos gestionados por AENA. Fuente: Ecologistas en Acción.

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